Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2017. “La perspectiva de género se constituye como un referente axiológico indispensable, tanto en la interpretación de la norma, como en su aplicación a las controversias sometidas a la esfera competencial de las y los jueces”, afirmó Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de Poder Judicial de Michoacán, en el marco de la firma de convenio de adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México.

El documento también fue firmado por Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Tribunal Electoral de Michoacán; Griselda Lagunas Vázquez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa; Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y, Hill Arturo del Río Ramírez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Como testigos de honor signaron: Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán; Armando I. Maitret Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ); Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala y titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB); y, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Secretaria de Igualdad Sustantiva de las Mujeres Michoacanas.

Durante su intervención, Flores Negrete señaló que la etapa actual que se vive de los derechos humanos demanda integrar la vocación constitucional de igualdad real y el análisis interpretativo con perspectiva de género, a las habilidades y técnicas que se aplican en sede judicial; “es indispensable que la judicatura incorpore a la subsunción, los mecanismos y las herramientas hermenéuticas que permitan concretar no sólo el mandato constitucional de respeto a los derechos humanos, sino la protección eficaz de los grupos más débiles”.

Reconoció que la firma de este convenio representa un paso más en el conjunto de acciones que desde 2007 se han venido implementando en materia de perspectiva de género en la judicatura local, ya que desde esa fecha todos los cursos de formación para jueces de primera instancia incluyen el estudio, análisis y enseñanza de técnicas de aplicación de los instrumentos convencionales internacionales en el ámbito judicial, entre los cuales, cabe destacar, ocupan un lugar preponderante los que abordan los derechos de las mujeres.

Asimismo, “consolida y fortalece el compromiso de quienes prestamos nuestros servicios en la judicatura michoacana para ampliar nuestra visión y labor a favor de la mujer, incardinando la perspectiva de género en el ejercicio de la función judicial que nos ha sido encomendada por el Estado”.

Al tomar la palabra, la ministra Luna Ramos refirió que Michoacán es la entidad 29 en sumarse a esta iniciativa la cual “tiene antecedente en 2009 al interior de la AMIJ que conformó un grupo de trabajo para crear una carta compromiso para que los tribunales del país incluyeran la perspectiva de género. Es al mismo tiempo, un punto de partida para tomar conciencia de la responsabilidad que tienen las y los juzgadores para impartir justicia sin discriminación”.

Puntualizó que la desigualdad es uno de los factores que dan lugar a la violencia de género “nuestro deber es abonar al combate de la misma y hacer prevalecer los derechos humanos por igual para hombres y para mujeres”. Detalló que la perspectiva de género implica identificar e incorporar buenas prácticas en la impartición de justicia y requiere de medidas que detecten los factores que colocan a la mujer en una situación de desventaja.

Finalmente, Silvano Aureoles expresó que el convenio es un importante esfuerzo de la SCJN y de los tribunales del país que construye la ruta para introducir la perspectiva de género en la impartición de justicia “se trata de sentar las bases para modificar los patrones culturales que propician la desigualdad”.

Asimismo, enfatizó la necesidad de eliminar el uso de estereotipos para disminuir la discriminación entre hombres y mujeres, además de fortalecer las acciones de capacitación y educación en el tema.

El objetivo del documento es promover y desarrollar trabajos que permitan hacer efectivo el principio de igualdad, así como garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales. Además, expone conceptos y estrategias en torno a la aplicación de la perspectiva de género tanto en el quehacer jurisdiccional como en la vida institucional de los firmantes; además, delinea las medidas necesarias para introducir la perspectiva de género en dichas instancias.