POLÍTICAPORTADA

Cristóbal Arias Solís en quinto Foro Hacia la Revisión Integral del Marco Jurídico

Zacatecas fue sede del quinto Foro Hacia la Revisión Integral del Marco Jurídico sobre Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia, de nivel regional, en el que se identificaron y analizaron retos y riesgos para la respuesta de los tres niveles de gobierno ante desastres.

El coordinador de Zacatecas, Antonio Caldera Alaniz, afirmó que ninguna dependencia, de los tres niveles de gobierno, cuenta con estrategias adecuadas para enfrentar fenómenos perturbadores, por lo que calificó como fundamental promover la participación social y la cultura de protección civil en todo el país.

Entre los problemas del estado catalogados como graves y de urgente atención, destacaron lluvias atípicas, sequías y riesgo de colapsos, principalmente en el Centro Histórico de la capital, así como el impacto de la minería en el medio ambiente.

El evento se realizó este viernes en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas; convocaron las comisiones de Protección Civil (PC) y Prevención de Desastres, de la Cámara de Diputados; de Gobernación, de la Cámara de Senadores; el Poder Legislativo local, además de las coordinaciones nacional y estatal de Protección Civil.

Prioridades

En el foro, se realizaron cinco mesas de trabajo, tituladas Instrumentos Financieros, Monitoreo y Sistemas de Alertamiento, Ordenamiento Territorial y Gestión Integral de Riesgos, Derechos Humanos y Vida Digna y Vulnerabilidad y Amenazas de la Región.

Las conclusiones fueron etiquetar presupuestos suficientes para Protección Civil en municipios, donde se deberá vigilar que tengan atlas de riesgos actualizados y elementos en cantidad suficiente y capacitados para atender las necesidades de cada población.

Además, se planteó establecer sanciones penales para las autoridades que permitan construcciones de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

El objetivo del encuentro fue sentar las bases para una nueva ley en la materia, mediante la definición de prioridades para diseñar políticas en un contexto de movilidad humana. Este mismo ejercicio se ha hecho en otras entidades como Oaxaca, Veracruz, Colima y Morelos.

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