Bruselas, Bélgica, 03 de noviembre de 2017.-Carles Puigdemont anunció anoche en una entrevista en la televisión pública belga que está «dispuesto a ser candidato» en las elecciones del 21 de diciembre, «incluso desde el extranjero». Unas horas después de la grabación, mientras se emitía el programa, era el propio ex president quien recibía una noticia: la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acababa de dictar la orden europea de detención y entrega reclamada por la Fiscalía el día anterior . La euroorden afecta también a los cuatro ex consejeros que permanecen con Puigdemont en Bruselas y que tampoco comparecieron ante el tribunal. [Lea en PDF el auto de la orden europea contra Coín]
La juez reclama a Puigdemont y sus ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad. La decisión de la juez supone incluir la orden de detención en el sistema europeo llamado Sirene. Además, la magistrada comunicó directamente su decisión a la Fiscalía Federal de Bélgica.
Para cubrir la eventualidad de que Puigdemont decida regresar a España o ponerse a salvo fuera del espacio Schengen, la juez dictó también una orden de detención nacional y otra internacional.
El auto de Lamela afirma que «el reclamado, al frente del Gobierno regional de Cataluña», así como otras autoridades y entidades «unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Cataluña. Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional de España».
Apenas una hora después de que la magistrada dictara ese auto, la Fiscalía belga anunciaba que ya había recibido la orden europea de detención y entrega que lo acompañaba.
Un portavoz de la institución explicó a Efe y Europa Press que la examinarían hoy mismo. La Fiscalía belga señaló ayer que «cumplirá con la ley», un formalismo para decir que el expediente le llegará al tribunal de primera instancia, y un juez de instrucción tendrá que analizar la causa y convocar u ordenar el arresto de Carles Puigdemont.
Cualquier persona sobre la que haya una orden europea tiene derecho a comparecer ante el juez en un máximo de 24 horas desde su arresto. El magistrado le informará de los cargos, le ofrecerá la posibilidad de decidir si quiere ser entregado a la Justicia española y le dará la oportunidad de dar las explicaciones que considere oportunas. Y acto seguido decidirá algo clave: si Puigdemont y los consellers deben permanecer en prisión hasta que tome la decisión final o si podrán permanecer en libertad.
Si optara por esta vía, lo más normal sería incluir algún tipo de condición, desde una fianza a toda una batería de medidas para asegurarse de que no van a irse del país durante el proceso y que no puedan cometer nuevos delitos.
Hipotéticamente, el magistrado podría pronunciarse definitivamente sobre la euroorden en ese plazo de 24 horas, pero dada la complejidad del caso y sus implicaciones es probable que compruebe cada aspecto con mucha atención.
Si el juez considera que la petición española no es lo suficientemente clara, puede solicitar más información, dando incluso con un plazo temporal concreto. Si desestimara la petición, la Audiencia Nacional tiene 24 horas para apelar ante la Chambre de conseil, una primera instancia, que tardaría hasta 15 días en pronunciarse. Sería el segundo paso en una camino largo y farragoso, para el que España ya tiene varios abogados asesorando, incluyendo los expertos de Garriguesen Madrid y la capital comunitaria.
Paul Bekaert, el abogado flamenco contratado por Puigdemont, explicó esta semana que ya estaba en conversaciones con la Fiscalía Federal para que los trámites se hagan de la mejor manera posible. Es decir, para intentar que no se envíe a la Policía a por los reclamados, sino que acudan voluntariamente a donde sean requeridos. Los datos de contacto han sido ya facilitados.
La redacción de la euroorden es crucial para este proceso. La Fiscalía española y la magistrada Lamela lo saben bien y por eso han preferido dejar pasar 24 horas y cuidar los detalles, los cargos y el lenguaje.
Bekaert ya ha adelantado que alegará que en España no se respetan los derechos fundamentales, que hay persecución política, que los acusados se enfrentan a «penas desproporcionadas» y que el Gobierno dicta las instrucciones a la Fiscalía y los tribunales.
El magistrado belga deberá comprobar si la petición de España está en orden, y según los expertos legales consultados por este diario puede haber problemas para que, incluso aunque así sea, la entrega se produzca, al menos a corto plazo.
Algunos letrados y penalistas estiman que si el derecho belga no reconoce los mismos cargos que se imputan el magistrado de instrucción puede poner obstáculos. Y eso sucede con los delitos de rebelión y sedición, para los que no hay equivalentes exactos en la transposición de la legislación europea.
Las estimaciones tanto de la Fiscalía como del propio Bekaert es que podría ser un trámite de al menos seis u ocho semanas. Los abogados consultados por España en los últimos días también barajan un plazo de varios meses. Igualmente, los precedentes de algunos de los casos llevados por Bekaert no arrojan un patrón único. Alguno de los miembros de ETA reclamados por la Audiencia Nacional pasó un tiempo en prisión mientras se analizaba el caso, pero en otras ocasiones siguieron en libertad provisional.
En la entrevista de ayer, Puigdemont hizo referencia a su situación legal en Bélgica, señalando por dónde iría su defensa frente a la euroorden que estaba a punto de caerle. Insistió en que no estaba en el país «para pedir asilo político», sino «para defender a un Gobierno legítimo contra una acción ilegal del Estado español, contra una ausencia de garantías jurídicas en un asunto político».
También para «la libertad» de expresarse. «Estoy sobre todo para explicarle al mundo lo que pasa en España, lo que de verdad pasa. Habrá elecciones el 21 de diciembre. Queremos que se celebren con las condiciones más normales posible, y no es posible que sean neutrales, independientes, normales, con un gobierno en prisión», dijo, adelantando que, contra lo que había mantenido desde que fue nombrado president, está «dispuesto a ser candidato».
Los presentadores del informativo le preguntaron entonces si lo sería incluso estando en el extranjero, a lo que respondió con un «claro». ¿Haría campaña desde Bélgica? «Puedo hacer campaña por todo el mundo porque el mundo está globalizado», aseguró. Sobre este punto los expertos legales belgas tienen dudas, pues una vez llegue la orden europea de arresto y un tribunal estudie su caso no está garantizado al 100% que tenga la autorización para ello.
En la entrevista, Puigdemont afirma que el Gobierno destituido «es legítimo y debería estar libre del riesgo de la Justicia española, que no puede garantizar nada». «Nos consideramos un Gobierno legítimo, debe haber una continuidad», añadió.
Por contra, en sus resoluciones de ayer, la juez considera a Puigdemont y sus acompañantes prófugos de la Justicia y exige que comparezcan, rechazando su petición de declarar por videoconferencia. La magistrada responde que esa opción está pensada para quienes tienen su residencia habitual en el país que debe entregarles, «pero no está prevista para quien, residiendo y teniendo su arraigo en España, se fuga y refugia en un estado miembro para no estar a disposición de los tribunales de su Estado».
En un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia de Bélgica, Koen Geens, explica que la extradición ya no existe entre los Estados miembros de la Unión Europea, dado que se sustituye por la «Orden de detención europea (EAW)», que se aplica desde 2004.
«El procedimiento es completamente judicial: a diferencia de la extradición, el poder Ejecutivo no participa en el procedimiento de la EAW. Todo se hace a través de contactos directos entre las autoridades judiciales», recuerda el ministro belga.
FUENTE: EMO
