Carlota Gindal, La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ultima la orden de detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de exconsellers que no han acudido a declarar a pesar de estar citados como querellados por los delitos de rebelión, sedición y malversaciónde caudales públicos. Se trata de Clara Ponsatí, Mertitxell Serret, Antoni Comín y Lluís Puig.
La magistrada prevé que sean detenidos, a petición de la Fiscalía y desoyendo a sus abogados, que pedían que pudiesen declarar por videoconferencia desde Bruselas. Los letrados han remitido esa petición por escrito y que ha sido rechazada al no existir ninguna razón que justifique su ausencia.
La Fiscalía se querelló contra todo el Govern, cesado por el Ejecutivo central el pasado viernes, por delitos que considera como “gravísimos” y por lo que va a pedir medidas cautelares contra ellos. Se les acusa de haber declarado la independencia de Catalunya fuera de las vías legales. Para ello, habrían utilizado al Parlament, a los Mossos d’Esquadra y a la asociaciones independentistas como ANC y Òmnium para llevar a cabo sus planes. La juez asumió la gravedad de los hechos de los que se les investiga y por eso fijó para todos los exconsellers una fianza de 6,2 millones de euros, que deben pagar en el plazo de tres días si no quieren que se les embargue los bienes.
Se tiene que emitir una orden europea de detención dado que Puigdemont, Ponsatí, Serret, Comín y Puig se hallan en Bélgica
Dado que Puigdemont como el resto de consellers ‘huidos’ se encuentran fuera de España, la juez debe emitir una orden europea de detención. Será entonces responsabilidad de las autoridades belgas quienes deban detenerles y ponerles a disposición de un juez belga. Será allí donde se dirima si los cinco exmiembros del Govern deben ingresar en prisión hasta que se resuelva la orden de entrega o si quedan en libertad hasta la resolución, que como máximo podrá tardar dos meses.
El abogado de los exconsellers que se encuentran en Bélgica acudió esta mañana a la Audiencia Nacional y solicitó poder estar presente en el interrogatorio de los demás querellados, petición que ha sido rechazada por la magistrada.
FUENTE: LA VANGUARDIA
