El furor por el metal precioso, estimulado por Nicolás Maduro, en una región controlada por mafias, sindicatos y grupos guerrilleros deja un saldo de deforestación y violencia.
Al norte del Amazonas arde otro incendio desde hace varios años. La minería ilegal se ha disparado en Venezuela en la última década y en mayor proporción a raíz de la firma en 2016 del decreto del Arco Minero del Orinoco, por parte del régimen de Nicolás Maduro, que abrió la extracción de oro y otros minerales con concesiones a empresas extranjeras y nacionales, con la intención de regularizar la minería ilegal, un mal que tiene décadas en el sur del país.
El 85% de los puntos de minería ilegal que hay en ese pulmón, que ha mantenido en vilo al mundo desde que se iniciaron los voraces incendios en Brasil y Bolivia, están en la pequeña porción de la Amazonia venezolana. «El Arco Minero del Orinoco, que ocupa 12% del territorio nacional, es nuestro incendio en el Amazonas. Lo que se hacía en pequeña escala, ahora se convirtió en gran escala», señala el ambientalista Alejandro Álvarez, de la organización Clima 21. Y es muy complejo medirlo con satélites pues debes interpretar que está ocurriendo en una zona donde hay nubosidad todo el año, donde necesariamente no se cortan los árboles y las copas de árboles de 30 metros de altura que tapan la minería y las grandes excavaciones, alrededor de todas las cuencas de Guayana y donde se está usando el mercurio para separar el oro de otros minerales y ya presente en todos los ríos».
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (Raisg) monitorea desde hace varios años la pérdida de cobertura boscosa de este gran ecosistema transfronterizo que abarca nueve países. La investigación regional apunta que para enero de este año se concentraban 1.781 puntos de minería en la porción venezolana del Amazonas que abarcan 345 kilómetros cuadrados, una superficie que equivale a dos veces la ciudad de Madrid. Es una superficie que ha venido creciendo desde 2010, asegura Bibiana Sucre, directora de Provita, organización que junto a la ONG Watanibe participa en el monitoreo de la Raisg. Los mapas están disponibles en línea y evidencian que al sur del enorme río Orinoco hay, literalmente, un campo minado.
Esa es una de las mayores preocupaciones de los investigadores. La minería ilegal atomizada y la que ha sido permitida por el Gobierno de Maduro, aunque no hay información pública sobre la distribución de los yacimientos ni transparencia sobre los volúmenes de la extracción que, según investigaciones periodísticas en la zona, en su mayoría se va por los caminos verdes y no llega a las arcas del Banco Central de Venezuela. Para Álvarez, el cuadro se ha agravado y salido de control en medio de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.
«Hace 20 años atrás la minería de oro estaba concentrada en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Por la geología de la región ahí están las vetas de oro más importantes y ocurría una minería artesanal de muy pequeña escala en la que estaban involucradas algunas comunidades indígenas«, apunta Álvarez.. Lo de ahora está relacionado con dos efectos: el aumento del precio del oro en el mundo, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China estimula, y a debacle económica de Venezuela, que ha impulsado una minería de supervivencia con una devastación masiva del ambiente y con graves violaciones de derechos humanos».
Aunque en las leyes venezolanas está totalmente prohibida la minería en el estado Amazonas, actualmente hay. Tampoco está permitido en los parques nacionales y áreas protegidas y ya se reporta en todos. Fuera de la zona donde están las grandes vetas, el mineral está en pequeñas cantidades y su extracción implica la remoción de grandes extensiones de terreno para poder sacar el botín, con consecuencias ambientales más devastadoras. El furor del oro ha hecho que Venezuela sea el único país en la región que aumentó su tasa de deforestación entre 2000 y 2015, según las mediciones que hace Raisg cada cinco años.
En esos 15 años se perdieron en total 5.265 kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonia venezolana de los siete millones que tiene todo el ecosistema. Esta pérdida de cobertura boscosa fue incrementándose cada quinquenio: el 17% de la deforestación ocurrió entre los años 2000 y 2005; 29,4% entre 2006 y 2010; mientras que en el último quinquenio se registró 53,6% de la pérdida de cobertura boscosa.
«Se deforesta para que acampen los mineros y en el borde de los ríos, por el tipo de extracción. Se arrasan entre 2 y 10 hectáreas por punto minero. Así se hace muy difícil hacer una categorización de los mineros, que solo en poquísima cantidad son artesanales», agrega Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. «La mayoría está usando máquinas, motobombas y mercurio con reportes de población contaminada a través de la bioacumulación de la sustancia en peces de consumo. Para tener estos números de deforestación y esta situación tienes que tener a muchísima gente haciendo minería y esa es una de las grandes vergüenzas que tenemos al sur del Orinoco».
Hay cerca de 80 puntos de minería en parques nacionales. Se ven en Canaima, en Yacapama, en la cabecera del Caura que hasta hace poco era un sitio prístino, incluso en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, a 1.300 metros de altura, denuncia Morón. El oro, junto al dólar, ha sustituido al devaluado bolívar como moneda en la economía del sur de Venezuela, donde se pueden pagar con gramas de oro —pepitas del mineral— ropa, zapatos y celulares en cualquier tienda. Esta semana un gramo de oro se cotizaba entre 30 y 40 dólares, treinta o cuarenta veces más que el salario mínimo.
«Todos los países que conforman la panamazonía son responsables de esta zona, donde viven 30 millones de personas. Ni siquiera hay que pensar en el efecto a largo plazo, porque el problema es hoy: hay un montón de personas que está sufriendo las consecuencias de la falta de controles y políticas ambientales equivocadas promovidas tanto por los populismos de derecha como los de izquierda», cierra Álvarez. «La cantidad de millones de dólares que salen de ahí, no compensan lo que va a costar esto en salud y en muertes. Apostar a largo plazo a la minería es insostenible porque en los ecosistemas amazónicos los costos de recuperación son enormes. Y Venezuela ya no es la de 1999, ahora es un país pobre».
Fuente: EL PAÌS
