Por Jarco Amézcua, corresponsal.
Al cierre de la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales2022 en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las conclusiones de los investigadores fueron contundentes: “Si no iniciamos ya las transformaciones políticas y legales necesarias para proteger y conservar lo que aún nos queda de los recursos naturales sanos, el desastre local, regional y continental tendrá un alto costo social, económico y civilizatorio para esta y las próximas generaciones. Los daños hechos a los ecosistemas tardaran de 100 a 150 años en repararse, aunque es casi improbable que eso suceda por la inercia devastadora que ya estamos generando como civilización en muchas regiones en las que se han perdido para siempre miles de especies de fauna y flora, así como importantes pueblos y comunidades indígenas de origen y costumbres ancestrales que habitan en varios países de Latinoamérica”.
Las interrogantes abrumaron a los investigadores. Surgieron preguntas directas y sin cortapisa de los asistentes al foro temático relacionado con la crisis medioambiental: “¿Cómo se puede hacer valer lo que nos dice la ciencia y los científicos en la realidad de los hechos concretos? Si están bien los cientos o miles de estudios, estadísticas y recomendaciones que hacen los centros de investigación y los especialistas, pero ¿Cómo podemos evitar que los ríos, los lagos y los litorales se sigan contaminando con millones de toneladas de basura y desechos tóxicos? ¿Cómo podemos detener la deforestación brutal que viven cientos de áreas boscosas de México generada por grupos y personas sin escrúpulos, coludidas con autoridades corruptas y que no tienen otro fin que la mezquindad y el beneficio económico inmediato a costa de destruir ecosistemas endémicos completos y comunidades originarias?” Algunos investigadores intentaron dar una salvable y lógica respuesta a estas preguntas que hicieron eco en prácticamente la totalidad de participantes en el foro. “Lamentablemente como científicos poco podemos hacer para evitar el desastre, nosotros señalamos con nuestro trabajo y sus resultados las causas de los problemas y sus posibles soluciones en un marco teórico, técnico y experimental, pero no podemos hacer política, pues esa es una actividad muy compleja que tiene sus propias reglas de acción; es en esa parte en dónde deben entrar en acción las autoridades legítimas, los grupos conservacionistas y la gente de los pueblos y comunidades, son ellos los que deben organizarse para solucionar los problemas concretos”. Pero surge a contrapelo otra pregunta que genera tensión en la sala: “Si ok, ¿Pero cómo hacemos para evitar que los propios colegas científicos, los conservacionistas y activistas indígenas o de organizaciones pro medioambiente no sean perseguidos y asesinados sólo por realizar su trabajo?”. La contundente pregunta llevó al jaque mate y ya no fue posible evadir la respuesta. “Bueno, es muy probable que como científicos tengamos que entender mejor el sentido social-antropológico e histórico-político-económico de nuestro tiempo y de nuestra lucha, si así la podemos llamar, y comprometernos más con los pueblos originarios, con la mejora de los desarrollos urbanos que avanzan destruyendo los ecosistemas y hábitats endémicos. Creo que tendremos que ser más proactivos en nuestro trabajo de campo y en nuestros resultados; debemos depender menos de nuestro medioambiente académico cerrado, pero claro está, eso también nos pondrá en una situación más vulnerable, y nadie en su sano juicio quiere estar en esa posición de desventaja y riesgo”. Alguien de entre el público asistente revira: “¿Entonces los científicos se retractan por cobardía? ¿No se comprometen porque tienen miedo? ¿Porque son cobardes o porque simplemente no quieren dejar su caja de confort y sus privilegios de elite, generalmente muy bien pagada?” Unos segundos de silencio y tensión densificaron las moléculas de oxigeno que se respiraba en la sala del foro. Un valiente académico precisó: “No, no somos cobardes, lo que realmente sucede es que estamos enfrentando como científicos escenarios más complejos y si, bueno, digamos, más violentos e impredecibles. Está en riesgo ya no sólo nuestra actividad científico-técnica cuando debemos realizar trabajo de campo en comunidades con conflictos, o en zonas remotas, sino que está en riesgo nuestra propia integridad física o la de nuestras familias, y eso si es muy complicado, diría yo, devastador”. Otro breve silencio llevó a la sensación de un consenso general positivo. La discusión terminó con el agradecimiento de haber confrontado las ideas por casi cuatro horas. En los ojos de los asistentes, académicos y estudiantes en su mayoría, se podía apreciar cierto azoramiento, como si de un susto e incertidumbre se tratara de salirle al paso. Todos salieron en pequeños grupos o solos para tomar su propio rumbo.
El periodista José Carlos Román publica en el Sol de México (15/06/2022) “Durante 2021 en México se registraron 25 asesinatos y más de 238 ataques a defensores del medio ambiente, lo que lo convierte en el año más peligroso para ser activista ambiental en el país. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la mayoría de los ataques se engloban en los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sonora. Uno de los casos más sonados fue el de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca y administrador de la reserva El Rosario en Ocampo, Michoacán, quien trabajaba en contra de la tala ilegal de árboles en dicha entidad, hasta que fue encontrado sin vida después de haber desaparecido durante dos semanas”.
Sin embargo, apunta la investigación de Román, “se trata de un fenómeno mundial. En 2019, la ONG Global Witness registró 212 homicidios a ambientalistas y para 2020 la cifra aumentó a 227 lo que se traduce en más de cuatro ambientalistas asesinados por semana a nivel global. En 2019 los países con más ataques registrados fueron Colombia y Filipinas, aunque para 2020 México subió de puesto y se convirtió en el segundo país más inseguro para ser defensor de la tierra. Con más de 30 ataques letales, México registró un aumento del 67 por ciento respecto al año anterior, siendo la explotación forestal la causa relacionada con ellos. Aunque hoy en día los ataques cubren una amplia gama que va desde vigilancia, robo de información e intimidación hasta violación sexual, acoso y asesinatos, el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales publicado el 2021 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la intimidación, el hostigamiento y las agresiones físicas son las tres agresiones más comunes en México.
Pero ¿qué es lo que ha disparado estos ataques? y ¿quién los está provocando? “Esta situación ha aumentado en México por la impunidad y porque no recibimos ningún tipo de protección hasta que tenemos amenazas de muerte o sufrimos agresiones físicas, dijo Aurélien Guilabert, activista ambiental, politólogo y maestro en Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional. Destacó que el rol que se le ha impuesto al ambientalismo por parte de los gobiernos es un factor que influye para el incremento de los ataques.
“Se ha estigmatizado el activismo por medio de discursos que desacreditan nuestro trabajo y lo desvirtúan diciendo que respondemos a intereses privados o de algunos partidos políticos cuando no es así, aunque esas palabras ya resonaron en muchos ciudadanos”, agregó.
Datos de la CEDMA muestran que, desde el inicio de la actual administración, más de 58 activistas ambientales han sido asesinados en el país. Asimismo, en México, el 95 por ciento de los casos presentados a la Fiscalía General de la República permanecen en impunidad según señala la organización México Evalúa.
“En el país apenas existe la justicia ambiental y aunque ya haya alrededor de 163 criterios reconocidos por la Suprema Corte en términos ambientales, es un problema de estado de derecho en donde no se están cumpliendo los derechos de las personas ni de la naturaleza ni de los pueblos indígenas”, añadió Guilabert.
