20 de febrero de 2018.- El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, subrayó que no se debe quitar el dedo del renglón para continuar la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a fin de luchar contra ese flagelo que tanto daño le hace a nuestro país.
En la presentación de los informes general e individuales de la Cuenta Pública 2016, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, llamó a los legisladores a conocer a detalle esos documentos, con el propósito de someterlos al escrutinio social y público.
“Es nuestra responsabilidad y debemos ejercerla alejada de cualquier fin político, partidista o electoral, pero muy cercana a la objetividad y combate a la impunidad”, enfatizó.
El objetivo, manifestó, es verificar la correcta aplicación de los recursos y que en los casos donde no haya sido así, vigilar que se finquen responsabilidades y se sancione a los culpables.
Asi mismo, convocó a los entes fiscalizados a atender y responder las observaciones que se planteen, en el plazo que tienen de 30 días para cumplir con esa encomienda.
Recalcó que los pendientes son impostergables no sólo por la obligación constitucional, sino por la responsabilidad de atender y resolver el compromiso de combatir la corrupción y reforzar las tareas de fiscalización.
Romo García agregó que la meta general del SNA es que todos los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del marco de la legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad de las autoridades y se garantice el fin último del Estado de derecho: la justicia.
La transparencia y rendición de cuentas, continuó, son derechos constitucionales logrados por los ciudadanos, que se deben cumplir y respetar. “Son temas de principal importancia y de muchísima trascendencia para la sociedad”.
Manifestó que “los diputados básicamente tenemos dos facultades principales: legislar y fiscalizar. Está en nuestras manos la fiscalización de los recursos públicos que ejercen las autoridades en el desempeño de sus funciones”.
Como representantes de los ciudadanos, dijo, corresponde a los legisladores velar por que en el ejercicio del gasto público prevalezcan los principios de racionalidad, eficiencia, austeridad, transparencia y legalidad.
Estimó que los ciudadanos hoy tienen mayor interés en conocer el destino de los recursos públicos en manos de las autoridades y que, incluso, eventualmente, en particulares que adheridos a políticas o programas públicos, también ejecutan tareas de la materia pública.
De igual forma, Romo García hizo un llamado a los legisladores para que entre los grupos parlamentarios se generen los consensos necesarios, a fin de concretar las tareas pendientes en materia de fiscalización.
Reconoció el trabajo de la Comisión de Vigilancia de la ASF y su presidente, Luis Maldonado Venegas, no sólo por los procedimientos de designación, sino por la propia creación de la nueva Ley de Fiscalización.
También destacó la vocación de servicio del personal de la ASF, principalmente al encargado de su despacho actual, Juan Javier Pérez Saavedra. “Demuestran fortaleza institucional al presentar a esta soberanía los informes general e individuales”.
“Hago votos para que este ejercicio de fiscalización resulte positivo para todos y que los recursos públicos de las y los mexicanos se hayan puesto en manos de funcionarios dignos y eficientes”, comentó.
El progreso de México depende, en buena medida, de que logramos mermar el daño que provoca la falta de responsabilidad en el servicio público y la propia corrupción, concluyó.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), Luis Maldonado Venegas (PRD), apuntó que como diputados “nos encontramos, sin duda, en falta por no haber concluido aún el proceso para designar al nuevo Auditor Superior de la Federación”.
No obstante los esfuerzos, el trabajo y el proceso realizado por los integrantes de la Comisión, distintos factores han coincidido para no culminar los consensos para cumplir este pendiente en la agenda, comentó.
Ante coordinadores de grupos parlamentarios, hizo votos por que “la voluntad política y disposición de las distintas fuerzas en el Congreso encuentren las coincidencias necesarias para saldar este importante encargo que tienen los representantes populares, a la brevedad posible”.
Maldonado Venegas expresó su reconocimiento a los distintos niveles de la ASF, porque han seguido trabajando institucionalmente de forma coordinada, con rumbo, orientación y estructura en apego a su mandato legal.
Destacó que con la intención de incidir de forma positiva en la prevención y combate de los fenómenos de corrupción, se le otorgaron atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar las acciones del gobierno en el mismo ejercicio presupuestal y duplicar el universo de entes fiscalizados, incluyendo gasto federalizado, participaciones y deuda.
De esta manera, continuó, se abona al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ejecutores de gasto, ya que pueden generar acciones de prevención y autocorrección durante el ejercicio fiscal en curso, es decir, una auditoria en la Cuenta Pública 2017 debe influir positivamente en mejorar el gasto del actual ejercicio fiscal 2018.
Aseguró que con la recepción del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se complementan los resultados que se habían entregado a la Cámara de Diputados con los informes individuales en junio y octubre de 2017.
En los posicionamientos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres (NA) resaltó la importancia de revisar que los recursos públicos, cada vez más escasos, sean empleados con transparencia, oportunidad, eficiencia, legalidad, imparcialidad y confiabilidad, ya que es una de las funciones más relevantes de la Cámara de Diputados y representa una ventana para combatir la corrupción e impunidad.
Solicitó a la ASF que durante la elección del presente año se mantenga atenta al uso electoral de programas sociales y de recursos públicos al realizar las auditorías, para detectar la comisión de estos delitos y contribuya a su investigación y sanción.
Por Movimiento Ciudadano, la legisladora Claudia Corichi García sostuvo que hoy más que nunca la Cámara de Diputados y la ASF deben escuchar y atender las demandas de la ciudadanía, porque la corrupción e impunidad sigue reproduciéndose. “Tenemos que abrir los ojos y oídos para escuchar lo que se pide. No se trata de señalar a unos cuantos o a un grupo político, se trata de resultados específicos para que haya casos que sean juzgados”.
Sostuvo que “la Procuraduría General de la República tiene una enorme deuda social y un papel que cumplir, que hoy no lo hace. Basta de impunidad, de esconder bajo la alfombra los casos ominosos que requieren responsables y castigos ejemplares”. Para ello, precisó, no basta un Poder o una institución, se requiere todo el entramado institucional para dar resultados específicos. “Tenemos que estar todos los niveles de gobierno, en un gran acuerdo, para acabar con esos flagelos”.
El diputado Emilio Salazar Farías, del PVEM, aseguró que en el combate a la corrupción los resultados de la ASF “son fundamentales para saber quién gasta bien y quién gasta mal el dinero que es de todos los mexicanos; para esos corruptos queremos castigo y cárcel”.
Señaló que la Ley 3de3 no funciona, pues lo único que sirve es ser honesto y decente, además de dar a la sociedad lo que exige: transparencia y rendición de cuentas. “Hoy hay varios gobernadores en la cárcel, muchos presidentes municipales y funcionarios. A todos nos interesa que el dinero se gaste bien”.
La diputada de Morena, Maricela Contreras Julián, reconoció al personal de la Auditoría, pues a pesar de la ausencia del titular, sigue trabajando. “No hay procurador General de la República, ni fiscal anticorrupción, por lo que la Cámara de Diputados no puede abonar a que no haya Auditor Superior de la Federación”, expresó.
Exigió no dejar acéfalas a las instituciones clave que ponen un alto a la impunidad, ya que ante un año electoral deben fiscalizarse recursos y evitar caer en las tentaciones de que sean desviados a las campañas, debido a que este proceso deberá ser el más ejemplar. “Los datos que se presentan hoy, hacen indispensable no dilatar más ese nombramiento; nada de lo fiscalizado en el reporte queda exento de irregularidades”, remarcó.
Minerva Hernández Ramos, diputada del PAN, declaró que la fiscalización y control de recursos públicos deben ser la columna vertebral del sistema anticorrupción; además, expresó, debemos pasar del fiscal carnal a una fiscalía que sí sirva y contar con instituciones que castiguen a los delincuentes. “La población demanda un México sin impunidad ni corrupción, con normas jurídicas estables que respondan a las exigencias de la ciudadanía”.
Subrayó que no se puede tolerar dar amnistía a delincuentes y dijo que “a los peces gordos el fuero constitucional del Senado, entregárselos en bandeja de plata, es inadmisible”.
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputada del PRI, expresó que en tiempos de escándalos de corrupción, de ciudadanía indignada y de ríspidas campañas políticas, “mi partido y la ASF trabajan cumpliendo su mandato constitucional para servir a la patria, para ser útiles a las y los mexicanos que con justa razón exigen que sus representantes actúen en beneficio de una sociedad más cultivada e interesada en los asuntos públicos”.
Hoy, dijo, concluye el proceso de recepción de informes relativos a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. “Con esta entrega finaliza el primer ciclo de la vigencia de la nueva Ley de Fiscalización. Las y los mexicanos debemos estar al pendiente de la revisión que hace la ASF del destino y uso de los recursos públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Nos corresponde alzar la voz en contra de las malas prácticas y contra la corrupción que se produzca en el país”.
El encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, expresó: la Cuenta Pública 2016, contempla un total de mil 865 informes individuales, 13.5 por ciento de crecimiento en el número de auditorías respecto a la fiscalización de la Cuenta 2015.
Del total de auditorías realizadas, mil 709 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero y 148 de desempeño; dos estudios y seis evaluaciones de políticas públicas. Además, 72.9 por ciento del total, mil 361 revisiones se realizaron a entidades federativas y municipios. Se llevaron a cabo 468 auditorías al Poder Ejecutivo, 23 a órganos constitucionalmente autónomos, 10 al Poder Judicial y tres al Poder Legislativo. El total de entes auditados asciende a 553.
Las recuperaciones a esta fecha, ascienden a 7 mil 896.9 millones de pesos, suma que podría incrementarse debido a la existencia de Pliegos de Observación pendientes de solventar. Desde la fiscalización de la Cuenta Pública de 2001, se reportan recuperaciones por más de 123 mil millones de pesos.
Pérez Saavedra afirmó que se identificaron cinco categorías de riesgos: Afectación al erario; Desfase entre resultados esperados y obtenidos; Discrecionalidad en la toma de decisiones; Información financiera-contable incorrecta o insuficiente, y Vulnerabilidad en las finanzas públicas.
Sugirió contemplar modificaciones en la Ley de Obras Públicas y en la Ley de Asociaciones Público Privadas, a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea con la visión y los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se deja en claro la relevancia del involucramiento de la esfera privada.
Respecto a las revisiones practicadas en relación con la Cuenta Pública 2016 a las operaciones de las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) se ha apreciado un área de riesgo, en relación con el esquema de gobernanza que las rige. Se propone revisar a fondo el esquema de gobernanza de estas empresas.
La recurrencia de observaciones en relación con el gasto federalizado obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad estructural de las finanzas estatales, toda vez que en la medida en que se han establecido controles para garantizar la adecuada utilización de recursos federales en entidades, se ha limitado su capacidad de gestión y de financiamiento, que obliga en cierta medida a incurrir en desviaciones en el uso de tales recursos.
El funcionario precisó que se ha limitado la capacidad de endeudamiento de entidades federativas con la vigencia de la Ley de Disciplina Financiera; se ha reducido su capacidad de manejo de tesorería al concentrar la Federación los pagos de nóminas (FONE y otros fondos federales); se limitó la posibilidad de otorgamiento de garantías con los fondos federales por obtener (Escuelas al Cien); la necesidad de financiar temporalmente a sus municipios, entre otros.
Después de 16 años de que las leyes federales y los presupuestos de egresos establecieron la obligación de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal conformaran los padrones de beneficiarios y sus sistemas integradores para maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, aún prevalece el problema de su falta de estructuración e integración.
“La dispersión de información imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos. Los diagnósticos son insuficientes para evaluar la eficacia de los programas y políticas de otorgamiento de subsidios, ya que no se focaliza adecuadamente a las poblaciones objetivo por lo que persisten inequidades entre los beneficiarios”, expuso.
Con el objetivo de generar información de relevancia respecto a temas de prioridad nacional y que tienen un impacto directo en la vida del ciudadano, se incluyó en el Informe General Ejecutivo un análisis sobre aquellos rubros que enfrentan un entorno de riesgo respecto al cumplimiento de metas y objetivos, y que se vinculan con el desarrollo social en sus componentes de educación, salud y alimentación de grupos vulnerables, junto con temas de agua y política forestal.
Precisó que se han observado problemas estructurales, que limitan el impacto del gasto en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Si bien es cierto que se han percibido mejorías en la gestión de algunas entidades federativas, de manera general, persisten áreas de oportunidad, tales como: elevada incidencia y recurrencia de observaciones; subejercicios; transparencia insuficiente, y un reducido avance del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Respecto a las participaciones, la ASF identificó que existe un sesgo poblacional en las fórmulas y criterios de distribución establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y que en la distribución que realizan los gobiernos estatales a los municipios, son frecuentes los errores en la aplicación de fórmulas de asignación y retrasos en la ministración de recursos.
Resaltó que la ASF programó 13 auditorías para fiscalizar la deuda pública subnacional (siete entidades, tres municipios y un ente público estatal). Además, practicó una auditoría para evaluar el marco institucional de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y una más para revisar la posición fiscal de las 32 entidades federativas.
En el Informe General Ejecutivo se incluye un apartado con 74 propuestas de reformas legislativas derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, para consideración y referencia de la Cámara de Diputados, las cuales buscan ser de utilidad para la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y para el ajuste en el contenido de los marcos jurídicos, a fin de reducir riesgos y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.
Dichas propuestas se agrupan en los siguientes rubros: Banca de desarrollo e instituciones de crédito, Gasto federalizado, Política energética, Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera, Gestión y protección de recursos naturales y Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud.
“Si bien es cierto que la ASF se encuentra actualmente a la espera de la designación, por parte de esta soberanía, de quién deberá ejercer la conducción de sus actividades en el futuro, también cabe precisar que la fortaleza institucional permite asegurar que el mandato constitucional de la ASF tiene, y tendrá cabal cumplimiento”, añadió Pérez Saavedra.
Con este evento, dijo, se complementan las entregas de informes individuales que fueron realizadas en junio y octubre de 2017, lo que presupone un esfuerzo considerable de organización y de desempeño de las áreas auditoras, dada la magnitud del universo fiscalizable.
Indicó que la ASF ha promovido, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, las responsabilidades administrativas sancionatorias ante los órganos internos de control de los entes auditados de la misma manera en la que se había realizado en cuentas públicas anteriores.
Aún no se establece una distinción entre faltas administrativas graves y no graves, y tampoco se ha iniciado la implementación de las facultades de investigación y substanciación otorgadas a la institución, finalizó.
