Ciudad de México a 15 de octubre de 2020.- El presidente de la República nuevamente se refirió en forma insidiosa a quienes se oponen a la extinción de 109 fideicomisos, en particular a la comunidad de científicos, investigadores y defensores de derechos, así como a los integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores: “(…) están defendiendo la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control”.

Sorprenden dos cosas de esta afirmación: primero, todos estos fideicomisos son auditables desde 2015 y cuentan con reglas y controles rigurosos; segundo, ¿desde cuál calidad moral el gobierno de la República puede hablar en serio del combate a la corrupción cuando éste sólo se reduce al escarnio público y su manejo mediático con propósitos electorales?.

Los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, a través del Secretariado Técnico de la Alianza, sostienen: la legislación vigente sólo prevé la extinción de fideicomisos cuando éstos se constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas, como tampoco existe el tipo penal de corrupción.

Sería desproporcionado que se sancione al objeto y beneficiarios de un fideicomiso por conductas imputables a personas. Por eso la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sólo consigna la extinción del fideicomiso cuyo objeto sea en sí mismo fraudulento.

Y, en todo caso, la mayoría de los fidecomisos bajo asechanza son responsabilidad de la rectoría del gobierno federal desde diciembre del 2018 y, de existir conductas punibles, la acción legal no le es optativa, sino obligada.

La Alianza Federalista categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberla, debe ser acreditada bajo el debido proceso de ley.

La Alianza Federalista combate las reformas que pretenden extinguir legislativamente 109 fideicomisos y, de ser aprobadas por el Senado, lo hará por vía de la controversia constitucional, por lo que el ciudadano presidente expresamente sostuvo en la “mañanera” de este 14 de octubre:

“Lo que está haciendo (Hacienda) es recoger ese dinero porque estaba siendo mal utilizado y porque había corrupción…”

El presidente niega que el gobierno confisque, sólo “recoge” lo que “es el mismo dinero del pueblo”, pero en los hechos los efectos son los mismos: se priva de los bienes y derechos afectos a los objetos y beneficiarios de 109 fideicomisos y de ellos se apropia el Estado.

Llámese como se llame, recoger o confiscar, el Estado se apropia de la totalidad del patrimonio de 109 personas jurídicas; cuando nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin juicio con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Expresamente el presidente reconoce que se busca “recoger” el dinero de los fideicomisos antes de su extinción, la cual queda sujeta a que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dicten las reglas a aplicarse en un futuro indefinido, cuando la propia ley de la materia prevé —y la lógica aconseja— que la disposición de los bienes o derechos del fideicomiso sea consecuencia de su extinción, no previa.

¿Qué consecuencias y responsabilidades derivarán cuando finalmente se extingan en los hechos y conforme a derecho los fideicomisos, y sus bienes y derechos no existan más para ser transmitidos por haber sido “recogidos” por mandato de un cuestionable artículo transitorio?

Por eso hacemos un atento pero puntual llamado al Senado de la República y lo extendemos a todos los posibles e innúmeros afectados con la posible extinción legislativa de los fideicomisos y el “recogimiento” de sus bienes y derechos, para que impidamos que esta reforma se convierta en daño irreversible.